Esta situación seguramente acontece hoy en España, aunque no es exclusivo de nuestra aún tierna democracia.

Sin duda existe una relación simbiótica entre el funcionamiento de una sociedad democrática y la estructura de su sociedad civil sobre la cual vale la pena reflexionar. Hablamos de la relación entre los partidos políticos y los ciudadanos, ya que los primeros son los vehículos fundamentales de la acción popular en las políticas públicas. Se debería esperar que  los partidos estén compuestos por personas abnegadas en su trabajo, honestas y capacitadas para desempeñar su tan alto cometido. 

Cuanto más fuerte es la sociedad civil, seguramente hay una democracia de mayor calidad. Si la acción política de los partidos flaquea o es deficiente, seguramente es todavía más necesaria la sociedad civil. La sociedad civil es el sustrato sobre el que se asienta la convivencia en sociedad, y el sistema político es reflejo de su relativa fortaleza o ausencia. 

Las acciones de la sociedad civil son la forma de “hacer política” de los no políticos, entre otras razones porque las políticas públicas no pueden y no deben llegar a todas partes. 

La conferencia reciente del profesor Jesús Fernández Villaverde en la FRdP nos interpeló sobre esta cuestión cuando explicaba una de las razones de la debilidad de la democracia en España: la relativa ausencia de la sociedad civil en términos de suficiente compromiso de las personas y el limitado alcance de las iniciativas. 

¿Qué es la sociedad civil? 

En mi opinión

Son los a) cauces que usan las personas expresando b) su compromiso de forma práctica para c) apoyar iniciativas colectivas que mejoren situaciones d) de acuerdo con sus valores e) con un objetivo de trascendencia. 

Son cauces porque han de estar representados por algo, sea una asociación, una fundación, una universidad o una empresa, a través de una gobernanza y unas reglas transparentes que permitan aglutinar a sus miembros y ser capaces de canalizar los esfuerzos hacia sus objetivos. 

La sociedad civil está formada por iniciativas de ámbito privado, pero en mi opinión también caben las acciones de las empresas y de las propias instituciones públicas. Las empresas tienen valores o deben tenerlos expresándolos de forma pública y sus compromisos de responsabilidad social han de ser la forma de hacerlos tangibles. Las instituciones públicas también pueden apoyar iniciativas de la sociedad civil que contribuyan a la difusión o consecución de sus cometidos a través de colaboraciones público-privadas, aunque este es un campo más sensible. Pero las acciones de la sociedad civil son sobre todo son un cauce de expresión de las personas, rompiendo el aislacionismo trabajo/familia/ocio. Hemos de tratar de influir en al entorno amplio que hace posible que desarrollemos nuestras vidas personales.  

Las iniciativas son la forma específica que toma la acción que desarrolla la sociedad civil y son las acciones que han de girar en torno a un propósito. Son «el problema que se trata de resolver» (equivalente a la razón por la que las empresas desarrollan productos) o el comportamiento que se quiere estimular. Puede ser una asociación para atender a mujeres maltratadas, para facilitar la integración de personas discapacitadas, en suma, iniciativas de alcance fundamentalmente social. Puede tratarse también de iniciativas para promover el desarrollo de la cultura o la investigación, como sucede con los “endowments” de las universidades norteamericanas donde sus miembros u otros mecenas donan cantidades que incrementan los presupuestos de los centros. Son iniciativas en suma que buscan el progreso económico y social de la sociedad en sentido amplio con una visión de largo plazo. 

El compromiso de las personas con las iniciativas ha de ser práctico, y ello significa fundamentalmente tiempo o dinero. Para que una iniciativa salga adelante tenemos que empujarla, aportar nuestra energía y opinión, contribuir con nuestra colaboración interesada en tanto somos parte de la comunidad que se beneficiará de su éxito. El tiempo y sobre todo el dinero es nuestro «skin in the game» que se dice en el mundo de la inversión. Con la diferencia de que aquí no se trata de obtener una rentabilidad financiera, o al menos no de forma directa. Para que las iniciativas salgan adelante han de ser sostenibles financieramente. 

Valores, creencias, sentimientos son seguramente el motor más poderoso de las acciones de las personas, cuando están resueltas ciertas necesidades básicas. Esos valores han de estar alineados para apoyar una iniciativa determinada de la sociedad civil y es lo que se llama el «gana-gana». Si algo sale adelante, nos sentimos parte del éxito porque hemos sido parte del camino. Si no estamos dispuestos a apoyar las iniciativas no podemos esperar que salgan como nos gustaría. Es frecuente refugiarse en la crítica, pero la pregunta es: si tienes el canal y la oportunidad, ¿qué estamos haciendo de forma práctica para mejorarlo? Estos valores han de estar basados en el deseo de apoyar una iniciativa colectiva desde nuestra individualidad. Si no tenemos estos valores comprometidos es difícil que podamos, valga la redundancia, comprometernos. 

La trascendencia es una de las palabras que más se asocian con el progreso de la humanidad. Trascender significa en este contexto «intentar dejar un mundo mejor el que encontramos o mantener el progreso». Es sentir que se ha hecho algo que ha mejorado de forma material la situación previa, o que contribuye a que algo que funciona siga funcionando. Hay muchas iniciativas que no tienen una rentabilidad financiera, pero sí la tienen socialmente. Las redes profesionales en torno a un propósito sin llegar a los extremos de ser un lobby también son absolutamente legítimas como forma de expresión transparente de un colectivo de interés determinado que defiende sus objetivos económicos dentro de la ley dentro de unos valores determinados. La trascendencia hay que asociarla con la expansión de la iniciativa de la sociedad civil a un colectivo de personas amplio. En el mundo actual hay un enorme debate en torno a las ideas. Si esos debates quedan en grupos cerrados y no se expanden entonces la sociedad no se beneficia. 

¿Por qué es importante la sociedad civil?

Hoy en día se suele contraponer la sociedad civil a la política profesional de los partidos políticos, especialmente en países como España, como señalaba el profesor Fernández Villaverde en su intervención. Aunque es importante, aquí me refiero más ampliamente a la sociedad civil como forma de compromiso de las personas con el funcionamiento de la sociedad en general.

La sociedad civil ha de ser un contrapeso de las instituciones de un sistema democrático, aunque sus manifestaciones van más allá de ser un punto de control de las actuaciones de los políticos. Los cauces de participación de los ciudadanos en la política están claros, votar en las elecciones cada cuatro años. Mientras tanto, ¿hemos de hacer algo? Por supuesto, pero no solamente cuestionar a los partidos políticos. 

Los objetivos de las iniciativas de la sociedad civil trascienden y superan en mucho un ciclo de gobierno político. De hecho, en la medida en que las iniciativas de la sociedad civil son importantes, materiales y visibles, los políticos tendrán en cuenta las iniciativas de la sociedad civil. 

Si no hay sociedad civil, los políticos tienen un campo abonado ante la desunión social y las personas son presa fácil de sus maniobras. Estas pueden tratar de responder a una visión ideológica o de estructura y funcionamiento social donde no se puede descartar intentos de perpetuación de poder o la instauración de ideas en una sociedad debilitada en sus opiniones y criterios. 

Las iniciativas de la sociedad civil fomentan el «pensamiento crítico» de sus ciudadanos, que no es lo mismo que la crítica por sistema hacia los políticos. El pensamiento crítico es la capacidad de filtrar las ideas que nos vienen para pensar si son buenas para nosotros como conjunto social, no como ciudadanos individuales.  El pensamiento crítico ha de manifestarse en acciones que sean oídas por los políticos. 

¿Existe sociedad civil en los países nórdicos?

Los países del norte de Europa son un ejemplo mundial de efectividad de la socialdemocracia liberal. Una democracia con un estado fuerte y eficiente operando en un entorno de capitalismo liberal. Las respuestas de los países nórdicos ante los retos económicos, crisis globales, o la propia pandemia actual les sitúan como los países donde sus ciudadanos están más satisfechos con su propio sistema político y funcionamiento social. Lo demuestra su nivel de renta per cápita, uno de los más altos del mundo. El modelo de los países nórdicos, junto con los modelos más autocráticos de países asiáticos como Corea del Sur o Taiwan, son puestos como ejemplo de adaptación al nuevo entorno en esta primera parte del siglo XXI. 

Como no es concebible que genéticamente los nórdicos estén mejor preparados para ser buenos gobernantes, seguramente la sociedad civil se genera por factores culturales y sociales de histórico arraigo. La sociedad civil está presente en la forma en la que se han diseñado sus escuelas y universidades, en un sistema educativo genera el pensamiento crítico en los estudiantes, donde los profesores son enormemente respetados porque se les mide por su éxito en la educación de sus pupilos, y por su amplio curriculum de formación en habilidades y materias que se adaptan a la demanda de las empresas, por ejemplo, en nuevas tecnologías. 

¿Cómo se puede fortalecer la sociedad civil en España?

Si coincidimos en que no hay suficiente sociedad civil en España si atendemos a todas las consideraciones anteriores, podemos concluir que los riesgos derivados de su infradesarrollo son muy altos para la continuación de nuestra trayectoria de progreso e incluso de nuestra propia democracia. 

El profesor Villaverde escribirá en El Confidencial un artículo al mes sobre las reformas que propone en el aparato del estado, ese ente cuya eficacia y eficiencia hoy está en cuestionamiento en España. Si el “aparato operativo” del estado no funciona es como si la estructura operativa de una empresa no funcionase de cara a vender sus productos o sus servicios. 

Es una iniciativa de la sociedad civil denunciar y explicar de qué forma el aparato estatal ha de ser más eficiente de cara a instrumentar la relación entre estado y sociedad. No parece que esté al alcance de personas o agrupaciones privadas el resolver estas cuestiones, pero por otra parte sí son nucleares para la vida en sociedad y es muy complicado que el estado tienda a autorregularse de forma efectiva para resolver sus eficiencias. Por tanto, el poner propuestas y claridad en la mesa y el organizar acciones de seguimiento sectorial sí puede ser un cometido de la sociedad civil.

Esta y muchas otras acciones podrían ser objeto de una reflexión sobre la sociedad civil en España. La primera piedra por poner es posiblemente realizar una taxonomía de lo que hay y lo que debería haber. Aunque España tiene sus propias circunstancias, una mirada a las sociedades donde está más desarrollada la sociedad civil sin duda aportaría luz adicional. 

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Incluso, muchos gobernados pueden llegar a aceptar a dirigentes políticos que solucionan los problemas, aunque sea a corto plazo y pensando sobre todo en su reelección o continuidad, en referencia a los líderes autocráticos y populistas que desgraciadamente comienzan a abundar en el mundo. 

Sin duda, el mundo se encuentra ahora en una etapa de máxima complejidad histórica, con choques tectónicos entre países, empresas e intereses, con una desigualdad creciente y con formas distintas de abordar los retos, con mayor competencia y menor colaboración. Estamos en un debate sobre las ideas, y en el centro no puede faltar una reflexión sobre la democracia representativa que emergió de la democracia ateniense y que hoy se plasma en leyes, instituciones, sistemas electorales y, de forma clave, en una cultura democrática de derechos y deberes que ha de impregnar a toda la sociedad. 

La democracia es sin duda el sistema político que más progreso ha aportado de forma amplia a la Humanidad a lo largo de la historia y es el sistema más extendido en el mundo en 2019 con 167 países  según el Pew Research Center, aunque con distintos grados de intensidad. Pese a ello, hay una creciente insatisfacción con la democracia y la forma en que partidos políticos e instituciones están respondiendo a los retos sociales y económicos del siglo XXI.

En el otro extremo, no hay precedente de un régimen autoritario que haya conseguido elevar de una forma sustancial el nivel de vida de sus ciudadanos con la excepción reciente de China. Y aun así, el éxito de la nueva autocracia china (democracia para el pueblo en lugar de democracia desde el pueblo) tiene aún una vida corta, ya que comienza a finales de los ochenta del pasado siglo con la llegada de Deng Xiaoping a la cúpula del partido comunista chino, epicentro del poder político. 

La democracia es, por tanto, un sistema político global que existe con distintos niveles de pureza en los países según la categorización que realiza Visual Capitalist. En ella, los países se clasifican según un «Democracy Index» que considera en cada país factores como los procesos electorales, libertades civiles, participación y cultura política. Con estos criterios, los países se agrupan en democracias con regímenes autoritarios, híbridos, fallidos y con éxito. Más detalles individuales pueden consultarse aquí

De las 167 democracias analizadas, en 2019 la mayoría son regímenes autoritarios o democracias fallidas y hay un descenso del número de democracias consideradas exitosas. Alcanzar una buena democracia lleva tiempo de práctica reiterada, y su perversión puede ser silente y pasar desapercibida. De hecho la desaparición de la democracia es consecuencia más de la gradual desaparición de hábitos y práctica de consenso democrático que de golpes de estado o involuciones violentas. Y algo de esto está pasando hoy en varios países del mundo. 

«Cómo mueren las democracias», escrito por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (editorial Ariel) analiza el problema de la democracia estadounidense, de rabiosa actualidad ante las inminentes elecciones a la presidencia de los Estados Unidos en Noviembre de 2020. 

No es preciso extenderse en explicar por qué lo que suceda en la democracia estadounidense es importante para el mundo. Estados Unidos ha extendido su dominio ideológico, económico y militar por todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo hoy aún la principal y única potencia con influencia global. 

La democracia más longeva e ininterrumpida del mundo es precisamente la estadounidense si consideramos que su Constitución entró en vigor en 1787 y está aún viva desde entonces. Para adaptarla en el tiempo se aprobaron 27 Enmiendas (Ammendments), 10 de ellas en 1791 (la carta de derechos, incluyendo el derecho a portar armas en la Segunda Enmienda, curioso vestigio de su resistencia a transferir el monopolio de la fuerza de las armas al Estado que impera en la mayoría de los países democráticos) y el resto a lo largo de los años, con la última en 1992. 

Pero más allá de estas normas constitucionales, lo que vertebra la vida democrática de las naciones son las reglas no escritas que los contendientes políticos respetan como formas de comportamiento. Estas reglas están basadas en precedentes de actuación que políticos de otros tiempos consiguieron respetar de cara a llegar a acuerdos sobre situaciones no contempladas en las normas constitucionales (que tampoco pueden regular la totalidad de las situaciones). 

Algunas de estas reglas se refieren al uso del poder por parte de dos de las instituciones más cruciales en la vida política de los Estados Unidos: la Presidencia y el Senado. El presidente de Estados Unidos tiene poderes casi imperiales que ha de usar con templanza: el uso de órdenes ejecutivas (equivalentes al real decreto ley en nuestra Constitución), la concesión de indultos y el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo. El Senado por su parte, compuesto por republicanos y demócratas, ha de aprobar o vetar las leyes que se proponen, ser proporcionado en sus procesos para evitar el excesivo obstruccionismo que paralice la vida política, y es el encargado de pedir la destitución si llega el caso del presidente de Estados Unidos. Si buscamos un símil, el Presidente se parece al consejero delegado de una empresa y el Senado sería el consejo de administración. 

A lo largo de la historia de Estados Unidos la democracia ha progresado precisamente por la tolerancia mutua entre los líderes políticos y sus partidos y la contención institucional en el uso de sus prerrogativas. Pero esta situación puede estar cambiando o ya ha cambiado, según los autores del libro «Cómo mueren las democracias».

Acceder al poder a cualquier precio fue la máxima del Partido Republicano desde que Newt Gringitch se convirtió en la facción dura del partido a partir de los años 70 y es la base de movimientos como el Tea Party, de dirigentes radicales como Sarah Palin, e incluso de intentos para disminuir el voto afroamericano en las elecciones. En Estados Unidos el voto se realiza por distritos dentro de los estados y según los autores, el Partido Republicano está intentando concentrar el voto en distritos con minoría afroamericana, tradicionales votantes del Partido Demócrata, exigiendo identificación oficial a los votantes que los propios líderes republicanos estatales se ocupan de complicar. 

Sorprendentemente, en Estados Unidos no existe un sistema unificado de identificación oficial nacional, por lo que las listas de votantes se configuran en parte con las normas de los estados y dependiendo del partido que gobierna en cada estado. Esta estatalización del sistema electoral es tremendamente peligrosa porque permite a los partidos políticos cambiar las reglas electorales.

Estados Unidos afronta un test crítico para la continuidad de su sistema democrático con las elecciones 2020, y por tanto, sus resultados influirán en la actitud de Estados Unidos respecto de otros estados del mundo, sean democráticos o no. Hoy los partidos políticos se dirigen a un electorado polarizado por ellos mismos, pero además, en Estados Unidos subyacen diferencias étnicas no resueltas («Black Lives Matter»), culturales y una creciente desigualdad social provocada por la polarización económica, que a su vez acentúa la crisis del Covid-19.

El libro propone medidas para evitar esta confrontación pero no son de rápida consecución. Incrementar las posibilidades universales de la población en lugar de dirigir la atención a minorías identitarias (afroamericanos, latinos, rentas bajas,…) es la propuesta para el Partido Demócrata, mientras que el Partido Republicano ha de cortar el ascenso de los líderes con tendencias extremistas y dejar de concentrar sus mensajes en el electorado blanco. 

Aunque son análisis y propuestas dirigidas a EEUU por su condición de mayor democracia del mundo y su carácter simbólico, hay patrones del diagnóstico que vemos reflejados en las políticas nacionales de otros países, incluyendo España. Y ello hace al libro atractivo de por sí como literatura aplicable. 

El enfrentamiento partidista sin una agenda política compartida lleva a una política de tierra quemada: lo que hace un partido cuando gobierna lo deshace el otro cuando gobierna, o lo que hace un partido en un gobierno autonómico es paralizado por el partido que gobierna la nación, o recursos interminables a los tribunales para denunciar y objetar unas u otras actuaciones de gobernantes locales o regionales que no respetan normas constitucionales o consensos no escritos en su acción política. 

Esta intolerancia política, siempre buscando el poder por cada parte y dirigida hacia votantes que poco se mezclan (como agua y aceite) también está tensando las instituciones democráticas (tribunales, organismos independientes de información, los medios de comunicación y hasta el propio debate parlamentario).

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